Cada 20 de junio, en el Día Internacional de las Personas Refugiadas, las instituciones del Estado y los organismos internacionales se apresuran a saturar las redes sociales con discursos sobre la protección internacional, la hospitalidad y los derechos humanos. Sin embargo, lejos de los reflectores y las cifras, la realidad del asilo en México se sostiene sobre los hombros de quienes no tienen tiempo para conmemoraciones: las mujeres que intentan explicarle a sus hijas e hijos por qué no pueden volver a casa, mientras hacen malabares en un país que no les brinda la protección necesaria ni el acceso a derechos básicos, como piso mínimo para una vida digna.
Para miles de mujeres centroamericanas, haitianas o venezolanas, solicitar asilo no es una decisión voluntaria ni un trámite burocrático. Es un acto de amor radical y de supervivencia. Son mujeres que emprendieron la huida para arrebatar a sus hijas e hijos del reclutamiento forzado de las pandillas, del control territorial del crimen organizado o de agresores que juraron matarlas ante la indolencia y complicidad de las autoridades en sus países de origen. Ellas ya eran defensoras de la vida y de sus familias mucho antes de cruzar la frontera mexicana.
El problema es que, al llegar a México, el continuum de la violencia de género no se detiene; se transforma en violencia institucional. El Estado que debería protegerlas las recibe con un laberinto de trabas burocráticas y terror migratorio. De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), desde hace más de una década, 4 de cada 10 solicitudes de asilo en el país son de mujeres. En 2025, de las 70,552 personas solicitantes, 45% (31,679) fueron mujeres.
Maternar con necesidades de protección internacional o como persona refugiada significa enfrentarse a la angustia de no poder inscribir a la niñez a la escuela porque el sistema les exige documentos anclados a un reconocimiento como persona refugiada, proceso que puede tardar hasta un año para el primero (entrevista de elegibilidad) de una serie de pasos ante la COMAR o trámites ante el Instituto Nacional de Migración (INM). Significa ver truncado el acceso a la salud porque un centro médico les niega la atención al no contar con un documento migratorio de estancia regular en el país o continuar con estudios porque las autoridades escolares les exigen una Clave Única de Registro de Población (CURP) que el propio sistema les frena.
El trabajo de cuidados, ese pilar invisible que sostiene al mundo, se vuelve infinitamente más pesado en el desplazamiento forzado. Mientras esperan meses —e incluso años— por una resolución de su condición de refugiadas, las mujeres se ven obligadas a insertarse en economías informales y precarizadas para pagar cuartos de renta hacinados, o a depender de la voluntad de albergues de la sociedad civil. En estas condiciones, el cuidado se colectiviza: en las cocinas comunitarias y en los pasillos de los albergues, las mujeres cuidan de las infancias de otras, comparten lo poco que consiguen, inventan juegos y construyen redes de ternura frente a la hostilidad del entorno.
Mientras el Estado mexicano cede a la externalización de las fronteras estadounidenses y militariza el control migratorio, las mujeres refugiadas resisten criando. Su lucha diaria por sanar los traumas del camino de sus hijas e hijos, por mantener la alegría en medio de la precariedad y buscar un lugar donde vivir sin miedo, es una de las manifestaciones políticas más profundas de nuestro tiempo.
En este 20 de junio no hay nada que celebrar si el s
istema de asilo en México sigue castigando a las infancias y criminalizando a las mujeres. No basta con firmar convenios internacionales si las ventanillas de la COMAR y del INM siguen operando bajo la lógica del desgaste institucional y la xenofobia. El derecho al asilo debe ser, fundamentalmente, el derecho a criar en paz y con dignidad.
Hasta que el Estado mexicano no entienda que la protección internacional debe poner en el centro la vida, los cuidados y el bienestar de las mujeres y la niñez, además de fortalecer a la COMAR -asignando recursos suficientes-, diseñar políticas públicas con perspectiva de género y cuidados, sus discursos seguirán siendo letra muerta en un país que les sigue cerrando la puerta.
El Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) es una organización de la sociedad civil que, desde hace 16 años, trabaja en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres en contextos de movilidad y sus familias. A través del acompañamiento psicojurídico, la investigación, la incidencia y la comunicación estratégica, el IMUMI busca poner las voces de las mujeres migrantes y con necesidades de protección internacional en el centro de la conversación, reconociendo su agencia como protagonistas de sus propias historias.
