La violencia institucional que no se nombra

Posterior al Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, a razón de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, quise darle un giro a la controversia para adentrarnos hacia un tipo de violencia de la que no se habla en México: la obstétrica.

Te has puesto a pensar, realmente, ¿qué tanta autonomía tienen las mujeres mexicanas sobre su propio cuerpo?

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares elaborada por el Inegi, entre 2016 y 2021, la presión por aceptar un dispositivo u operación para ya no tener hijos(as) posterior al parto o cesárea, aumentó en un 0.5%, y la colocación de un método anticonceptivo, o esterilización forzada, un 0.1%. Aunque estas son cifras con alza mínima, llevan consigo un cambio significativo y una cuestión que, sin duda, sobresalta en mi interior: ¿Cuál es esta situación dentro de las comunidades indígenas? y, ¿por qué este tipo de violencia no se escucha en los noticieros, en artículos, ni en la ley federal, y mucho menos está enfocada en un sector vulnerable de la población?

Es importante mencionar que la salud física es un rasgo de género, y el poder acceder a la misma no quita la presencia de la corrupción, ni la inmoralidad médica y la privación de derechos reproductivos. Actualmente, vivimos con una herencia de violencia, machismo, racismo y clasismo y, aunque han habido reformas, aún nos encontramos ante un México carente de un Estado de derecho, y ciego ante las injusticias. 

Aunado, es bien sabido que el acceso a la educación digna y a una sexualidad informada en este país es una utopía: día con día, a raíz de ello, se cometen violaciones a los Derechos Humanos, siendo esto aún más enfatizado hacia las mujeres dentro de los pueblos indígenas u originarios, ya que están constantemente aisladas dentro de un sistema favoritista en el que se prioriza la preferencia del Estado para no tener más bocas que alimentar antes que afrontar la desinformación, la pobreza y el abuso. 

Violencia obstétrica, entendida por el Gobierno de México como “una apropiación del cuerpo de la mujer y de los procesos fisiológicos presentes durante el embarazo, el trabajo de parto, y del puerperio”, es una cuestión no nombrada, ni tipificada como delito en el Código Penal Federal. A excepción de Guerrero, Chiapas y Veracruz, el 91% de las entidades federativas no la toman en cuenta. 

Tenemos entonces, frente a nuestros ojos, un tipo de delito normalizado, que no considera las condiciones de lengua, cultura, educación y accesibilidad a servicios de salud y justicia, por ello es importante hablar en alto y darlo a conocer. La institución justifica a la acción como una manera de planificación familiar, se esconde tras la falta de educación sexual y comete atentados con el afán de tener control sobre el cuerpo de la mujer indígena para que “no se llene de hijos” o evitar embarazos tempranos en una sociedad que, irónicamente, la ve como una máquina de reproducción. 

Ante esta crisis actual, se destaca el hecho de que los servicios de salud a lo largo de los años han sido influenciados por el androcentrismo y, por ende, todas las personas gestantes están expuestas a vivir este tipo de violencia cotidianamente. Sin embargo, hay que voltear a ver datos importantes, ponerse los lentes, y tener una mirada interseccional. 

Una mujer indígena embarazada o en calidad post parto sufre más riesgo que una mujer internada en un hospital privado, ya que presenta mayor exposición a la esterilización, a la humillación, al abuso verbal, a la obtención de consentimiento de forma involuntaria, a la negación de un tratamiento o a un arresto por la imposibilidad de pagar los gastos del parto. Todo ello, sin dejar de mencionar la discriminación, falta de higiene, y el aprovechamiento médico ante una falta de comunicación en la diferenciación de lenguas nativas. 

Sin duda, estamos ante un asunto lamentable y deplorable. En un México desigual, las mujeres indígenas son más susceptibles a sufrir abuso y, peor aún, a no darse cuenta de ello, quedando a la deriva de complicaciones de salud y a la imposibilidad de una defensa eficaz en un Estado impune… es así. Al nombrar la desigualdad se debe hacer con todas sus letras porque, bajo ella, se está cometiendo un delito a nivel institucional del cual no se habla, no se ve, no se difunde y, mucho menos, se contrarresta. Como lo dice el título, no se nombra. La violencia obstétrica tiene múltiples dimensiones, y alzar la voz por ellas es una manera de empezar a erradicarla con acción.