La justicia en la cuerda floja

El “Estado de derecho” es como el pegamento que mantiene todo en su lugar cuando hablamos de justicia y derechos humanos en el país. Esto se refiere a que todas las personas, desde ciudadanas hasta aquellas en el poder, deben seguir las mismas leyes, pues este principio establece que nadie está por encima de ellas. En un país donde el Estado de derecho se respeta, las leyes protegen a las personas y garantizan el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.

Esto es crucial para que el mecanismo de justicia nacional funcione adecuadamente y así todas tengamos una base sólida sobre la cual podamos exigir justicia y defender nuestros derechos. Sin un Estado de derecho fuerte y confiable, corremos el riesgo de que la justicia sea influenciada por intereses personales o políticos, interponiéndose en el goce de nuestros derechos humanos como ciudadanas mexicanas.  

En teoría, una reforma judicial que busca hacer el sistema más accesible y transparente puede sonar como un avance positivo, prometiendo una mayor participación ciudadana y una justicia más cercana a la población. Sin embargo, la reciente propuesta aprobada que permite la elección popular de personas juzgadoras y magistradas, plantea serios riesgos para la integridad del sistema judicial.

Aunque la idea de una mayor participación democrática puede parecer atractiva, en la práctica, este enfoque puede comprometer la imparcialidad judicial al introducir elementos políticos en el proceso de selección. Las personas juzgadoras podrán verse presionadas a tomar decisiones que favorezcan a ciertos grupos o intereses para asegurar su reelección, comprometiendo así su capacidad para aplicar la ley de manera justa y equitativa. En lugar de fortalecer la justicia, esta reforma podría poner en peligro la independencia del Poder Judicial y, por ende, la protección efectiva de los derechos humanos.

La politización de la justicia, consecuente de esta reforma, condiciona el derecho al acceso a una justicia plena y expedita poniendo en duda la imparcialidad del Poder Judicial. Este desequilibrio en la balanza judicial puede enfatizar jurídicamente las desigualdades ya existentes dentro de los procesos de obtención de justicia. Esto no sólo perpetúa la discriminación sistemática, sino que también crea un ambiente donde la justicia se vuelve accesible sólo para aquellas personas con mayores recursos o influencia.

Sin embargo, en un país marcado por las desigualdades existirá una parte de la ciudadanía que sin duda enfrentará dificultades para obtener un fallo justo y equitativo. Esto se contrapone con la naturaleza propia del país como Estado de Derecho y de la obligación Estatal de garantizar el bienestar de su población mediante el acceso a un proceso judicial imparcial. 

La independencia del Poder Judicial no sólo garantiza que las leyes se apliquen de manera imparcial, sino que también protege la integridad del sistema judicial frente a influencias externas. Sin una estructura judicial libre de presiones políticas, se corre el riesgo de que el sistema de justicia pierda su capacidad para ofrecer una protección efectiva de los derechos humanos y mantener la confianza pública en la equidad y justicia de sus decisiones.

Para salvaguardar el famoso Estado de derecho mexicano del que tanto hablamos y asegurar que los derechos humanos sean respetados, deberíamos de pensar en implementar mecanismos que refuercen la independencia del Poder Judicial en lugar de comprometerlo. Las reformas deben enfocarse en fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas sin sacrificar la imparcialidad judicial. Sólo así se podría garantizar un sistema de justicia que defienda verdaderamente los derechos de todas las personas y que funcione como un pilar sólido de la democracia.