De vuelta a la comunidad

Durante las últimas décadas, en nuestro país se ha presentado un aumento en los índices de violencia y en la comisión de delitos, tanto en su cantidad como en su complejidad. Ante tal situación, la respuesta de las autoridades y la demanda de la sociedad ha sido prácticamente una: la reclusión, lo que nos ha llevado a un abuso del sistema penitenciario y a una falta de involucramiento en la transformación positiva de tales problemáticas.

Para el cierre de 2023, se contabilizaron 233,277 personas privadas de su libertad en México (Inegi, 2024) cuyas realidades difieren mucho del cambio esperado en 2008, cuando, a través de la reforma constitucional al sistema de justicia penal, se pasó del paradigma de la readaptación social al de la reinserción social. Esta transición supone la evolución de la persona como objeto de intervención y tratamiento a la persona como sujeto de derechos y obligaciones.   

Sin embargo, la realidad es que los centros penitenciarios siguen siendo recintos de vulneración de derechos que no garantizan procesos efectivos de reinserción social que permitan a las personas que cumplen una sentencia identificar y disminuir sus factores de riesgo de reincidencia, pero sobre todo, emprender acciones concretas para reparar el daño hacia las víctimas.

Ante este panorama, surge el cuestionamiento de la efectividad de la reclusión como mecanismo de justicia, ya que se le ha concebido históricamente como una forma de castigo y de segregación que, en muchos casos, no garantiza los procesos de sanación de las víctimas. De la misma manera, se hace necesario preguntarnos cuál es el papel de la sociedad en los procesos de reinserción y en el acompañamiento a las víctimas.

La “justicia restaurativa”, en contraposición a la “justicia tradicional”, consiste en una forma más humana e integral de responder y reparar el daño ocasionado por una agresión o por la comisión de un delito, motivando el protagonismo de las víctimas, victimarixs y la comunidad, cada una con sus procesos específicos, rescatando valores como la empatía, la compasión y la responsabilidad, y revalorando el diálogo versus la venganza y el castigo.

En el centro de los procesos restaurativos están la víctima y sus necesidades, las cuales no siempre son atendidas adecuadamente por el sistema de justicia penal. Es común que las víctimas se sientan ignoradas, abandonadas o vulneradas por los procesos judiciales, ya que generalmente el foco está en el delito o la falta cometida, pero no en cómo se siente la persona agredida ni en lo que necesita para reparar el daño que se le ocasionó. Por este motivo, la justicia restaurativa busca promover espacios seguros en los que quienes han sido afectadxs puedan identificar, enfrentar y superar el trauma.

Para las personas agresoras, los modelos de prevención terciaria con un enfoque de justicia restaurativa les permiten comprender las consecuencias de sus acciones, desarrollar empatía hacia las víctimas y comunidades afectadas, al igual que responsabilizarse por el daño ocasionado. También les abre la posibilidad de contactar con sus propias historias de victimización y sanar las heridas de su pasado o las problemáticas personales que contribuyeron a su conducta delictiva. De esta manera, quien ha cometido un delito pasa de ser una persona marginada social a una que tiene la capacidad de transformar sus acciones y convertirse en un miembro útil y activo de su comunidad.

Finalmente, el rol de la sociedad es fundamental en los procesos restaurativos, ya que, cuando una comunidad se involucra en la resolución de un conflicto, se abren las puertas para el diálogo, para la generación de aprendizajes colectivos y para su fortalecimiento. Al desarrollarse un sentido de comunidad y de responsabilidad de los unos por los otros, se fomenta en cada miembro de la sociedad la motivación para comportarse en pro del bienestar de todos sus miembros, incluidas las víctimas y lxs ofensorxs, al mismo tiempo que se asumen las responsabilidades individuales que permiten fomentar las condiciones para crear y sostener comunidades sanas.

Es necesario que reconozcamos los fenómenos de la violencia y la delincuencia como un problema de todxs, en el cual tenemos parte y responsabilidades, y que sólo a través de nuestro involucramiento y genuino interés en lxs otrxs es que lograremos procesos efectivos y sostenibles que contribuyan a la reconstrucción del tejido social.